En estos momentos existe una importante discusión en Chile acerca de la necesidad de protección legal de los glaciares.
Esta semana, el diario La Nación publicó un interesante artículo denominado Gobierno y parlamentarios enfrentados por glaciares que presenta el estado actual de la discución.
Afortunadamente todos están de acuerdo en que los glaciares están en la absoluta indefensión, pues el concepto «glaciar» ni siquiera aparece en la legislación chilena.
Propuesta del Gobierno.
El Ejecutivo propone llevar adelante una política nacional de glaciares que entrege los principales objetivos y lineamientos del Estado en materia de glaciares chilenos. En su propuesta borrador de la Politica Nacional de Glaciares se reconoce la importancia estratégica para el país de este recurso renovable, se define en sus aspectos centrales, y establece las principales acciones que se deben llevar a acabo para asegurar una adecuada conservación.
Junto con la Política Nacional de Glaciares, el Gobierno apuesta a la modificación al reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). La innovación en el SIEA instruye que todos los proyectos que pretendan intervenir glaciares o lugares cercanos a ellos deben pasar por el SEIA antes de iniciar cualquier obra.
Esto, junto al trabajo que está realizando la Unidad de Glaciología y Nieves (UGN), formada el 30 de abril de este año, son los dos impulsos que el Ejecutivo ha promovido para la protección de los glaciares. La alternativa de una ley por ahora no aparece prioritaria.
Propuesta de Parlamentarios.
Propuesta de Parlamentarios.
Por otra parte, en el Parlamento algunos senadores estiman que es necesaria una ley especial para resguardar la preservación de los glaciares en Chile. Un Estudio de Impacto Ambiental para evaluar la intervención a glaciares sólo se puede hacer mediante una ley y que no basta con una política a nivel administrativa.
El senador de la región de Aysén Antonio Horvath fue el primer impulsor de una ley de protección a glaciares en Chile y hoy es el primer desencantado porque las autoridades echaron pie atrás en la idea de legislar.
El proyecto de ley contempla lo señalado por el Ejecutivo, pero además incorpora toda una institucionalidad alrededor de los masas de hielo, como un Consejo Nacional de Glaciares con facultades fiscalizadoras. La ley establecería que los glaciares deberán monitorearse, efectuar un plan definiendo un plazo de no intervención del glaciar y la realización de obras y planes piloto para reconstituir los glaciares en la medida y donde sea posible.
Además, insisten en que detrás de la diferencia con el ejecutivo está la presión de las grandes empresas mineras.
